Lo que durante décadas pareció imposible se viene haciendo realidad en el Catatumbo (Norte de Santander), pues familias campesinas que antes dependían de los cultivos de uso ilícito encuentran en el acceso a la tierra una oportunidad para producir alimentos.
Con la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno Nacional, en Norte de Santander se han entregado 3.898 hectáreas a más de 250 mujeres campesinas, asociaciones rurales y firmantes de paz, las cuales amplían las oportunidades productivas y consolidan actividades económicas legales en una región históricamente afectada por la violencia.
Uno de los casos más representativos se registra en el sector de La Lejía, Campo Dos, en el municipio de Tibú, donde la Agencia Nacional de Tierras entregó 80 hectáreas a las asociaciones Asprocat y Proagrocat, a 400 familias campesinas que se dedican a la producción de miel, derivados apícolas y cultivos de yuca.
Asprocat reúne a 60 familias dedicadas a la actividad apícola, mientras que Proagrocat trabaja con cerca de 350 beneficiarios en procesos de cultivo y transformación de la yuca.
Alexander Parada, integrante de Proagrocat, destacó que “con tres hectáreas de este cultivo, una familia campesina puede obtener una producción cercana a las 45 toneladas al año, lo que demuestra el potencial que tiene para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida en el campo”.
Por su parte, Germán Morantes Quijano, de Asprocat, aseguró que “muchas personas, incluso de mi generación y otras más jóvenes, quedaron en el camino por causa de la violencia. Por eso, ver que hoy existen oportunidades para acceder a la tierra es como encontrar una luz al final del túnel. Saber que hay un respaldo para el campesinado nos motiva a seguir trabajando y construyendo futuro en el territorio”.
Adicionalmente, más de 50 mujeres campesinas participan directamente en estos proyectos productivos, fortaleciendo su autonomía económica y ampliando su participación en los procesos organizativos.
De otro lado, como parte del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras también ha formalizado 208 predios rurales equivalentes a 3.055 hectáreas. Solo en Tibú fueron adjudicados 40 predios que suman más de 1.042 hectáreas.
De manera especial, 25 predios que superan las 600 hectáreas están adjudicados a familias vinculadas a compromisos de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Para Narvis Eslava Tumay, integrante de Asprocat, “hoy, en veredas como La Legía y La Llana, ya no se encuentran cultivos de uso ilícito. Las comunidades han apostado por alternativas productivas que les permiten trabajar la tierra de manera legal y construir nuevas oportunidades para sus familias”.
*Fuente y fotografía: Agencia Nacional de Tierras
Deja un comentario