La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR dio a conocer algunos comentarios sobre el proyecto de resolución expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de esta zona.
Al respecto, el director general, Alfred Ignacio Ballesteros afirmó que la CAR coincide con el Gobierno Nacional en la necesidad de avanzar en la construcción colectiva y participativa de lineamientos para ordenar la Sabana de Bogotá, cuyo eje de discusión sea la seguridad hídrica, con acciones e inversiones para la protección de zonas de recarga de acuíferos, microcuencas, páramos, conservación de humedales, medidas de adaptación al cambio climático y modelos de restauración participativa.
“Ordenar el territorio alrededor del agua no es una opción; es una obligación. Por ello, desde hace más de un año hemos venido insistiendo en la necesidad de una mirada integral que garantice la seguridad hídrica y el saneamiento básico ambiental como prerrequisito para los ajustes de Esquemas de Ordenamiento Territorial – EOT y los Planes de Ordenamiento Territorial – POT en la Sabana”, afirmó Ballesteros.
Si bien desde la expedición de la Ley 99 de 1993, en su artículo 61, se declaró a la Sabana de Bogotá como de interés ecológico nacional con destinación prioritaria agropecuaria y forestal, la Corporación reconoce que esta visión no se compadece con las dinámicas de crecimiento y desarrollo que le impone su proximidad con la capital del país, y con sus demandas de bienes y servicios ambientales.
Por ello admite la necesidad de redefinir y enfocar sus esfuerzos en las nuevas realidades del aumento poblacional, la suburbanización y el cambio climático.
“Debemos definir modelos de ocupación del territorio con criterios de sostenibilidad ambiental, pues algunos municipios de la Sabana no pueden seguir creciendo de la forma en que lo han venido haciendo. Reiteramos: ¡crecimiento sí, pero no así!”, subrayó el director Ballesteros.
El funcionario invitó a la Cartera Ambiental a aplicar y enmarcar esta discusión en el Acuerdo de Escazú, privilegiando el derecho de los ciudadanos a decidir el futuro de sus territorios y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Finalmente, el funcionario insistió en la necesidad de encontrar el equilibrio entre protección al ambiente y el desarrollo sostenible, así como escuchar a las entidades territoriales y a las comunidades.
*Fuente y fotografía: CAR Cundinamarca
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