El proyecto de ley que propone topes para que en futuras actualizaciones catastrales las alzas no sean exorbitantes, como ocurre hoy en día, sería una iniciativa fundamental para la reforma agraria, si se aprueba en el Congreso.
Así lo explicó la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien afirmó que para el caso de las zonas rurales, las actualizaciones se están haciendo más de 10 años después, lo cual deriva en incrementos excesivos para la ciudadanía.
«Este proyecto ni crea un nuevo impuesto ni lo aumenta«, dijo. «De hecho, si el proyecto de ley fracasa y no se da, pues el impuesto ya está operando pero con alzas enormes que afectan el bolsillo de los colombianos».
La premisa del Gobierno Nacional es: quien tiene más paga más, y por ello la meta es que el impuesto predial se recaude con mejores tarifas, equidad y progresividad, y así evitar aumentos de hasta 2000%, como ocurrió este año en Boyacá:

Progresividad y justicia social
Por su parte, el director del Igac, Gustavo Marulanda, recalcó la relevancia que tiene este proyecto, ya que hace parte de la reforma rural integral y del Acuerdo de paz.
«Esta medida sirve para planear mejor, porque el ordenamiento del territorio requiere de información detallada y actualizada«, dijo, y agregó que con la iniciativa se facilita el desarrollo de proyectos en los municipios.
Es importante señalar que el catastro multipropósito, para la reforma agraria, es de utilidad para avanzar en aspectos como la compra de tierras y la formalización masiva de la propiedad rural.
Actualmente, las ofertas de predios para compra se han visto truncadas, precisamente por falta de información catastral precisa.
Además, con la actualización catastral se posibilita una mejora en las finanzas de los municipios, ya que con los recursos del predial se financian vías, acueductos, infraestructuras de salud, educación, deporte, entre otros.

«Si no se aprueba este proyecto lo que va a ocurrir es que se van a incrementar los prediales de manera desorbitada. Esto tiene que ser regulado, con o sin ley, pero nuestra intención es mitigar el conflicto social».
Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.
Así se aplicarían los topes
Debido a que las leyes que actualmente rigen los límites del impuesto predial han generado confusiones para las alcaldías y los concejos municipales, la propuesta del Gobierno es unificar los procesos, dar seguridad jurídica y establecer topes progresivos.
Estos topes serían del 50% para pequeños y medianos propietarios, y del 300% para grandes propietarios, que son el 5% de los propietarios en el país.

Así, el proyecto plantea que un predio avaluado en 145 millones de pesos pagaría solo 41.400 pesos, y no 870 mil pesos que se le cobrarían al propietario con la ley actual con un incremento del 328% en su factura de predial, como se ve a continuación.

En el caso de los predios avaluados en más de 500 salarios mínimos, el aumento tampoco generaría impactos negativos.
Por ejemplo, un predio avaluado en 894 millones de pesos pagaría 4 millones 146 mil pesos de predial, y no los 8 millones 900 mil pesos que le costaría al propietario un aumento superior a 1800%, que ocurriría con la ley actual.

De aprobarse la norma en el Congreso, se mitigaría la crisis social y económica para los propietarios.
Actualmente, la actualización catastral se ha aplicado en 123 municipios, es decir, en 9,6% del territorio nacional.
La meta al cierre del cuatrienio del Gobierno es actualizar 660 municipios.
Hay que recalcar que esta medida no se dirige a las ciudades capitales sino a los 905 municipios que tienen un impuesto predial registrado por debajo del 19% del valor real de los predios.



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