Reactivar la asociatividad rural y avanzar en la sustitución de cultivos de coca, marihuana y amapola son las metas del convenio de cooperación firmado entre la Unidad Solidaria y la Dirección de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.
Felipe Tascón, director del Programa de Sustitución, explicó que este acuerdo busca «corregir un error que arrastraba la política de sustitución desde 2017, que eliminó el carácter asociativo de los proyectos de sustitución».
De este modo, además de culminar el Plan Nacional de Sustitución (PNIS) se prevé incentivar la economía campesina colectiva.
«Los beneficios de un convenio como este es que hagamos unas economías de escalas», agregó Tascón. «El problema tiene un origen económico y la salida tiene que ser económica».
«Así logramos ayudar al campesinado en avanzar hacia políticas colectivas que de verdad sean competitivas».
Felipe Tascón, director Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
El funcionario explicó que la prioridad del Gobierno es pagar la deuda heredada de gobiernos anteriores con quienes firmaron acuerdos individuales de sustitución entre 2017 y 2018, y que asciende a un billón de pesos.
En este sentido, afirmó que se renegociarán dichos acuerdos tal como contempla el artículo 10 del Plan Nacional de Desarrollo.
«Allí sería muy útil trascender de los proyectos individuales para que haya asociatividad», dijo.
La ruta de trabajo
Mauricio Rodríguez, director de la Unidad Solidaria resaltó la firma del convenio que busca rescatar la asociatividad rural, que en gobiernos pasados «estaba abandonada».
La propuesta de trabajo consta de las siguientes fases:
- Identificar las organizaciones existentes en los territorios y las familias que hacen parte de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
- Fortalecer las organizaciones ya existentes que estén vinculadas con la sustitución voluntaria, o incrementar las formas asociativas en donde no existen.
- Fortalecer el cooperativismo rural para la producción de alimentos, con miras a lograr procesos de industrialización y alcancen los comercios nacional e internacional.
- Identificar las cadenas productivas a las que están vinculadas las organizaciones.
- Consolidar el plan de fomento, con los respectivos recursos para las regiones, para realizar las inversiones con los diferentes ministerios, como Agricultura, Comercio, Industria y Turismo, Cultura, entre otros.
El acuerdo de las dos entidades prioriza 14 departamentos que son: Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Arauca, Vichada, Córdoba, Guaviare, Meta, Chocó y Valle del Cauca.
Allí, se espera consolidar proyectos productivos derivados de procesos de sustitución y apoyar a las organizaciones, especialmente a las que trabajen en red, para lograr impactos territoriales reales y sostenibilidad de los proyectos.
«Hoy contamos con una experiencia y un tejido asociativo que nos va a ayudar para desarrollar esa asociatividad en la sustitución de los cultivos de uso ilícito».
Mauricio Rodríguez, director Unidad Solidaria.
Inicialmente, los esfuerzos se enfocarán en el cañón de Micay (Cauca) en donde actualmente se avanza en un proyecto de siembra de café.
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