La plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto legislativo que crea la Jurisdicción Agraria y Rural.
Fueron 76 los votos por el sí, que demostraron el respaldo al Gobierno Nacional.
Según la Ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, la jurisdicción agraria va a permitir “que la paz llegue al campo con una vía judicial por la cual se puedan tramitar todas las diferencias que tenemos sobre los derechos a la tierra, a los baldíos y los bienes de uso público”.
La aprobación de la jurisdicción agraria fue posible tras un acuerdo sin precedentes entre las bancadas de los partidos y las altas cortes del país.
El consenso consistió en no crear una nueva corte como órgano de cierre para esta jurisdicción, sino que esa función la tenga la Corte Suprema de Justicia para unos asuntos y el Consejo de Estado para otros.
El ponente de la reforma y presidente del Senado, Alexander López Maya, explicó que así se fortalece la figura de jurisdicción agraria y rural, con la cual se tendrán más jueces que se dedicarán a tramitar miles de procesos que están estancados.
«En su mayoría son causas del campesinado colombiano que buscan se les restituyan sus derechos”, precisó.
Se garantizan derechos del campesinado
La jurisdicción agraria había quedado contemplada en el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado Colombiano y las extintas Farc. Hoy, más de seis años después, la deuda fue saldada.
Además, fue aprobada junto al proyecto de acto legislativo que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional.
El proyecto busca que se establezca en el artículo 64 de la Constitución que los campesinos de forma individual y colectiva sean sujetos de especial protección, dado su rol para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo colombiano.
Así, se establece que el Estado deberá garantizar el mínimo vital en cuanto a “alimentación, trabajo, salud, seguridad social, educación con vocación agraria, apropiación social del conocimiento, la protección de sus usos, tradiciones y costumbres”.
También se debe garantizar que el campesinado tenga acceso a la tierra rural “mediante la formalización, redistribución y la democratización de la tierra improductiva”.
Un punto relevante es la protección de las economías tradicionales de subsistencia de las comunidades campesinas.
En este sentido se busca que los campesinos tengan “libre acceso, producción y comercialización de las semillas locales, criollas o ancestrales”.
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