La dependencia interna y externa que tiene Colombia hacia el sector minero-energético requiere de una transformación paulatina, pero basada en decisiones de corto plazo, con miras a generar una recuperación económica más justa y adaptada a las necesidades del país.
Esta idea fue planteada por Mario Valencia, vocero de la Plataforma para una reactivación sostenible, durante el encuentro virtual ‘Recuperación sostenible y resiliente frente a la crisis climática en América Latina’, coordinado por las organizaciones organizaciones Espacio Público (Chile), Ethos (México) y Transforma (Colombia).
Según el experto, se requiere ajustar las decisiones tributarias del país que, hasta el momento, han sido insuficientes y llamó la atención sobre el sector extractivo, del cual depende en buena medida la economía del país, pues para 2021 las exportaciones derivadas de este sector fueron del 46%, es decir, 7% de los ingresos públicos, que representan 20 mil millones de dólares al año.
Aunque las cifras son llamativas, este sector no participa significativamente en la creación de riqueza, o en la distribución de ganancias, pero sí demanda recursos adicionales como exenciones y beneficios tributarios que entre 2012 y 2019 costaron 3148 millones de dólares en pérdidas fiscales.
Con esto dejó evidencia de que esa alta dependencia se traduce en vulnerabilidad económica y social, además de una reducción de la capacidad del Estado.
Agregó que durante los confinamientos este sector tuvo ciertos privilegios como la excepción a los aislamientos por salud, se aplazaron pagos de impuestos de renta, y se ampliaron los plazos de pagos de obligaciones, situaciones que merecen ser reevaluadas.
Para Valencia, si bien el gobierno colombiano ha tomado decisiones para proteger el medio ambiente, como la ley de acción climática, el plan energético nacional, o la reducción de la deforestación a 2030, los compromisos aún no se convierten en acciones.
De hecho, señaló la preocupación que existe sobre el enfoque que se da a la transición energética que, más que reducir el uso del petróleo y el carbón, lo que hace es cambiar esa dependencia a otros minerales, como el oro y el cobre.
Dicha preocupación se traslada también a la generación de políticas públicas, como el Conpes 4023 que deriva el 26% de sus recursos al sector minero-energético, con miras a generar unos 53 mil puestos de trabajo, pese a que las necesidades de empleo en Colombia ascienden a casi 2 millones de puestos de trabajo.
Si bien el impacto económico de este sector es relevante para el país y no se puede cambiar de un momento para otro, la expectativa es que el proceso de cambio de la matriz energética convoque al sector y eventualmente se logre que sus ganancias se canalicen de manera más eficiente hacia inversiones sostenibles, en lo social y lo ambiental.
«Aprovechar lo que ya tenemos para que sea justamente lo que financie la transformación de esa economía que ya no nos gusta, a una economía que sea mucho más justa y resiliente», puntualizó.
La totalidad del encuentro de expertos se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=iznGEA2Zd4Q
Deja un comentario